Valoración Urgente de las Medidas de Alquiler del Gobierno

Llevamos dos semanas exigiendo al Gobierno la suspensión de los alquileres. Ante la inacción del Gobierno, ayer lunes 30 de marzo, más de 200 colectivos de todo el Estado nos vimos obligados a convocar la huelga de alquileres, sumándonos a la iniciativa de otros colectivos, para dar cobertura política a miles de inquilinos e inquilinas que no podrán hacer frente al pago del alquiler el 1 de abril. La reacción del Gobierno no se ha hecho esperar y desde el Ministerio de Transportes y Hacienda han anunciado, un día después, sus primeras medidas, entre las que destacamos: la paralización de los desahucios por impago de alquiler y la prórroga de los contratos durante 6 meses.

Sin embargo, es necesario dejar muy claro que estas medidas son totalmente insuficientes. Es intolerable que las personas mayormente afectadas por la crisis tengan que seguir pagando alquileres inflados por la especulación, a costa de endeudarse. El Gobierno está lanzando un mensaje: aunque la economía se derrumbe, aunque los ingresos se desplomen, los alquileres deben seguir cobrándose al mismo precio. Esto significa que no están considerando el aumento de la brecha entre ingresos y gastos familiares.

Además, las medidas de microcréditos suponen que mientras las familias se endeudan, los arrendadores vean su liquidez y poder adquisitivo totalmente intactos. El Gobierno aumenta la deuda pública para permitir que el mercado inmobiliario – el mayor responsable de la especulación en España – salga intacto de esta crisis, cuando al resto se nos pide “arrimar el hombro”. La mayor excusa para justificar esto se basa en que, dicen, la mayoría de arrendadores son personas que dependen de los ingresos del alquiler. No existe ninguna prueba de esto, de hecho las pocas cifras disponibles (dada la poca transparencia de este mercado) reflejan lo contrario: los arrendadores ganan 38.000€ de media, y eso sin incluir lo que cobran de alquiler, mientras que los hogares inquilinos ingresan 23.000€ de media (Encuesta de Condiciones de Vida, 2018).

Además, nuestras reivindicaciones en relación a este tipo de arrendador siempre han sido claras: “En relación a los arrendadores que tienen un única vivienda en propiedad y necesiten estos ingresos para cubrir sus necesidades básicas, también deben estar amparados por el Gobierno, como ya están haciendo a otros sectores”. Aún así, es el discurso preferido de fondos buitre y de la patronal inmobiliaria: les permite proteger sus beneficios y privilegios. Por poner un ejemplo: en Barcelona, la única ciudad donde existen datos relativamente fiables, 1.000 arrendadores controlan 75.000 viviendas. Un tercio del mercado.  

Mientras, las familias que viven de alquiler se encuentran ante una situación insostenible: sin ingresos y asumiendo precios que han subido un 40% de media desde 2013. En el caso de  que no puedan devolver la deuda, lo pagaremos entre todas y todos, independientemente de si el arrendador lo necesita o es una entidad multimillonaria. Da igual que entremos en una brutal crisis y que aumenten los índices de pobreza: los arrendadores tienen que seguir cobrando rentas inmobiliarias a precio de oro, todo a costa del erario público. Consideración aún más grave si se tiene en cuenta que ya reciben enormes ayudas: los pequeños propietarios tienen una exención del 60% en el IRPF y los fondos buitre no pagan impuesto de sociedades.

En definitiva, lo que pretende el Gobierno, y en particular los Ministros de Transportes y Hacienda, con las medidas que quieren tirar hacia adelante en el Consejo de Ministros de hoy martes 31 de marzo es mantener los precios del alquiler artificialmente altos, haciéndolos pagar a una ciudadanía cuyos ingresos están cayendo en picado. No solo es injusto: es irracional en términos económicos. El Gobierno nos está forzando a elegir entre comer o endeudarnos.

Pero existe una alternativa que ya venimos exigiendo desde antes del confinamiento: la suspensión de pagos. Esta medida permitiría a las personas inquilinas a superar la asfixia económica. Pone fin a la lógica perversa de solventar las crisis con deudas y recursos públicos. Y co-responsabiliza a la patronal inmobiliaria en facilitar soluciones. No repitamos los errores de la crisis 2008, la cual seguimos pagando. 

No nos dejan ninguna otra opción que seguir con la #HuelgaAlquileres, hasta la suspensión de pagos de los alquileres para todas las personas golpeadas por la crisis del coronavirus.

No cobramos: no pagamos. Y no, tampoco nos endeudamos.

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